Apercibimientos, cancelación de eventos y multas hasta por 120 mil pesos en caso de reincidencia son las sanciones en contra de quien no respete las medidas sanitarias tanto en actos proselitistas como en cualquier otro tipo de actividad, declaró el coordinador Estatal de Protección Civil (PC) Enrique Clement Gallardo.
Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Morelense de Procesos Electorales (Impepac) y las direcciones de PC municipales sostuvieron una reunión virtual para acordar el mecanismo de supervisión para el cumplimiento de las medidas sanitarias y sana distancia durante el proceso electoral y mítines que se llevan en la entidad por parte de los diversos partidos o actores políticos.
El coordinador estatal detalló que no ay un operativo especial ante la imposibilidad de cubrir los actos proselitistas que realizan más de 8 mil 500 candidatos en el estado que buscan uno de los 239 puestos de elección popular.
Sólo si en los recorridos habituales nos topamos con esta clase de eventos, o de cualquier otra naturaleza, que incumpla las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, sana distancia, área satirizante así como el uso de gel, agua y jabón para el lavado de manos y exceda la concurrencia”
Ante la imposibilidad de verificar cada acto que se realiza, Clement Gallardo hizo un llamado a la ciudadanía a reportar eventos masivos para su atención inmediata:
Así nos ayudarán a detectar este tipo de reuniones, públicas o privadas, que pongan en riesgo a la ciudadanía al no seguir las medidas a fin de prevenir contagios por Covid-19”
Detalló que de primera instancia el evento será disuadido o clausurado cuando incumpla con la normatividad correspondiente, pero en caso de reincidencia el infractor podrá ser acreedor a una sanción hasta por 120 mil pesos, y en caso de un evento político proselitista, será reportado tanto a los partidos políticos y autoridades electorales.
Finalmente, hizo un llamado a los candidatos y candidatas a colaborar con el cumplimiento de los acuerdos tanto federales como estatales que determinan las medidas preventivas respecto a la afluencia y actividades permitidas durante el semáforo de riesgo epidemiológico y así, disminuir el riesgo de un aumento en los contagios causados por Covid-19.