Por Dara Ivonne Rosales Sotelo, consejera presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) advirtió que los puntos de venta como pequeños comercios no cuentan con esquemas de seguridad ni metodología clara para resguardar datos sensibles y pueden hacer un mal uso de ellos.
Cuestionada sobre la participación del Instituto que encabeza sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) tras la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la creación de una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil para el intercambio de información con las autoridades en materia de seguridad y justicia, la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil y en caso de no hacerlo se enfrentará a su cancelación) señaló que Morelos no cuenta con información en torno a quiénes tienen dichos datos y qué fin le dan a los mismos.
“No contamos con esa información, tampoco sabemos qué van a hacer sobre los famosos avisos de privacidad, que deben de ser muy puntuales y que en estos espacios no se cuenta con estas medidas de seguridad”, comentó al tiempo que recordó que el usuario debe leer, aceptar y signar el consentimiento para el uso de datos sensibles de lo contrario es un tema violatorio a derechos humanos, dijo.
Ante la falta de capacitación, información e infraestructura sobre el tema, aclaró que es el Sistema Nacional de Transparencia, a través de la comisión de Protección de Datos Personales, quien realiza trabajos en cada una de las entidades para garantizar este derecho.
Tenemos que hacer un trabajo interno conjunto y hacer las verificaciones correspondientes a estos locales, abundó la consejera.
El pasado 17 de abril entró en vigor la controvertida Ley de datos biométricos, que obliga al usuario de una línea telefónica móvil a proporcionar huellas dactilares, reconocimiento facial y voz para realizar el Panaut, de lo contrario su línea será cancelada.
Tres días después, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y telecomunicaciones, concedió la suspensión a un particular “para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en la norma reclamada consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro”.
El juez sostuvo que si bien las reformas persiguen un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos, a través de la base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil para el intercambio de información con las autoridades en materia de seguridad y justicia, la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos.
