Por El ayuntamiento de Jojutla encabezará este día las labores para la reubicación de seis de los siete féretros encontrados en la fosa común de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), realizada a mediados de 2014. Los ataúdes serán dispuestos en el mismo panteón, ubicado en la colonia Pedro Amaro del municipio cañero informó la dependencia estatal.
En 2014, la entonces Subprocuraduría Regional Surponiente inhumó más de 30 cuerpos y restos humanos en el lugar, sin cumplir con todas las pruebas forenses de ley. Cuando la intervención llegó al “piso” de la fosa, se removieron los tablones y se descubrieron embalajes más antiguos de los cuales no hay registro oficial alguno.
La inhumación en Jojutla fue una continuación de la iniciada en el poblado indígena de Tetelcingo, en Cuautla, proceso plagado de irregularidades por la falta de pruebas forenses como necropsia, toma de huellas dactilares, toma de muestras genéticas, fotografía y dental forense, carpeta de investigación y se sumó la irregularidad de que 119 cuerpos y restos humanos fueron inhumados en un terreno que no contaba con los permisos para operar como panteón.
El caso de Oliver Wenceslao, comerciante oriundo de Cuautla víctima de privación ilegal de la libertad, desaparición y homicidio doloso en 2013, cuyo cuerpo fue inhumado ilegalmente en Tetelcingo, a pesar de estar plenamente identificado tanto por pruebas forenses como por sus familiares, destapó el escándalo a nivel internacional de las fosas ilegales de la Fiscalía.
Las denuncias fueron presentadas y se dio a conocer públicamente a finales de 2015. Tras sortear varios procesos legales, familiares de otras víctimas y diversas instituciones públicas lograron la apertura tanto de las fosas de Tetelcingo en 2016, como de Jojutla en 2017, diligencia que está inconclusa ante el hallazgo de tres féretros en la zona, según se dio a conocer entonces, lo que corresponde a otra anomalía del caso debido a que sobre el terreno de la fosa común no puede haber tumbas.
Amalia Hernández Hernández, tía de Oliver Wenceslao, reveló que no son tres sino siete los féretros encontrados sobre la fosa común irregular, cuya delimitación no está clara y se desconocen las dimensiones de la misma. El séptimo ataúd no será intervenido debido a la cercanía que mantiene con los embalajes de una cantidad indetermina de cuerpos que aún permanecen enterrados.
La familia Hernández Hernández lamentó que el ayuntamiento de Jojutla y la Fiscalía, responsable de la diligencia ministerial, hayan apresurado este proceso administrativo ya que prevén que la intención del fiscal Uriel Carmona Gándara sea el continuar con la diligencia, tras cuatro años de estar suspendida, a fin de evitar las intervenciones en los Servicios Médicos Forenses (Semefo), debido a que en el caso de las fosas ilegales no tiene responsabilidad legal, no así en caso de nuevas inhumaciones que, presumiblemente evidenciarían que la Fiscalía continúa sin realizar todas las pruebas forenses de ley.
Amalia Hernández enlistó una serie de acuerdos, que datan desde diciembre de 2016 -cuando aún era fiscal general Javier Pérez Durón-, a la fecha, sobre la intervención de los Semefos de las Fiscalías Metropolitana, Surponiente y Oriente.
Para abril de 2017, se firmó el acuerdo para que el único peritaje privado realizado en la diligencia, tanto de las fosas ilegales como de la intervención de las morgues, sería el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además de la Fiscalía estatal, la General de la República y de la extinta Policía Federal ahora Guardia Nacional.
En mayo de ese año, Hernández Hernández solicitó a la Fiscalía información en torno al número de cadáveres y restos humanos que tenía bajo su resguardo, sin embargo la información le fue negada bajo el argumento de que estaban recabando los datos, sin que se haya remitido alguna otra respuesta.
En abril de 2018, tan sólo dos meses de ser nombrado fiscal general, Uriel Carmona se excusó de acudir a una reunión con familiares de víctimas y autoridades federales bajo el pretexto de buscar recursos por 3 millones de pesos para la intervención de Semefos. Entonces dijo a los familiares que el número de cuerpos y restos humanos ascendía a 300, pero no lo hizo de manera oficial. Hasta el momento, acusó, el fiscal sigue en la búsqueda de recursos a pesar de que cuenta con el mayor presupuesto otorgado a la institución por 700mdp, sin que haya destinado una partida especial para la intervención de las morgues.
En años anteriores, diversos colectivos y familiares de víctimas denunciaron las condiciones deplorables con que operan los Semefos, además de la preocupación en torno a la contaminación de pruebas genéticas, por ello insistieron en la intervención urgente de éstos.
Pese a reiterados acuerdos hechos desde 2018 a la fecha, que en 2020 incluyeron incluso la promesa para la logística de inhumación, y en enero pasado la intervención de las Comisiones de Búsqueda, Nacional y Estatal en dichas acciones, la Fiscalía ha evadido la intervención.
El pasado 6 de mayo, autoridades estatales, federales, colectivos y familiares de víctimas y la FGEM, realizaron una nueva reunión de trabajo donde Amalia Hernández recordó los acuerdos signados incumplidos, lo que provocó una reacción contrariada del personal de la Fiscalía al asegurar que un grupo de colectivos exigieron la continuidad de la diligencia en Jojutla.
Hernández Hernández acusó que a pesar de que el acuerdo prioritario en dicha reunión fue la intervención en Semefos, este día y mañana se realizará la reubicación de los seis ataúdes, con apoyo del Ejecutivo del Estado, y para el día 20 de mayo la Fiscalía estatal dará a conocer los procedimientos, fechas y recursos necesarios para empezar los trabajos de inhumación de los Semefos en el Panteón Ministerial ubicado en Jardines del Recuerdo, en Cuautla.
