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El fiscal general Uriel Carmona Gándara confirmó que en los próximos días se realizará la intervención de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) para la inhumación de unos 600 cuerpos y restos humanos que permanecen sin ser reclamados en las instalaciones.
Detalló que son 400 cuerpos completos y el resto fragmentos que van de un cabello, un diente o de alguna extremidad, aunque advirtió el número no es fijo, al tiempo que aseguró que de todos tienen las pruebas forenses que por ley deben realizarse, como la prueba de ADN, fotografía forense levantamiento, embalamiento, entre otras, sin embargo no hay coincidencias que logren dar con la identidad en vida de esas víctimas para la entrega de los restos.
Eso se logra, dijo, cuando hay alguna denuncia, toma de muestra de familiares de desaparición y se logra la coincidencia.
Lo anterior ha sido refutado por familiares de víctimas quienes aseguran que la renuncia del fiscal general para la intervención en los Semefos se debe a que precisamente los cuerpos y restos humanos carecen de todas las pruebas forenses para la identificación en este sentido, a pesar de las reiteradas reuniones de trabajo, desde 2017, sobre la intervención en los Semefos.
Por lo anterior el fiscal general aseguró que familiares de víctimas y diversos colectivos estarán presentes durante la diligencia para el traslado de los cuerpos y restos humanos, que permanecen en las morgues de las fiscalías regional Oriente y Surponiente así como en Temixco en las oficinas centrales de la institución estatal, al panteón ministerial Jardines del Recuerdo ubicado en Cuautla.
También se contará con la participación de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional. La fecha tentativa de inicio de esta diligencia está contemplada para el próximo 21 de junio.
La última intervención de Semefos de la que se tiene registro oficial fue la registrada en 2014, cuando la fiscalía estatal trasladó 119 cuerpos a un camposanto en Tetelcingo, en Cuautla, sin que éste contará con el permiso del Registro Civil para operar como tal, además de que varios de los cuerpos estaban identificados y aún así fueron inhumados en calidad de desconocidos, otros más no contaban con las pruebas forenses mínimas como la necropsia y la carpeta de investigación. A mediados de ese mismo año, inhumó a otro centenar de cuerpos y restos humanos en Jojutla bajo las mismas circunstancias.
