Por “Estamos al nivel del FBI y de la Policía Montada de Canadá, por eso trabajamos con ellos”, declaró esta mañana el fiscal general Uriel Carmona Gándara.
A fin de fortalecer la procuración de justicia en el Estado de Morelos y como resultado de los convenios firmados con autoridades de las embajadas de Norteamérica se realizó el intercambio de experiencias en la materia con ambos países y la fiscalía estatal.
Carmona Gándara destacó que la tecnología y capacitación del personal de la institución “es elevada y a nivel de cualquier institución internacional” como las referidas, lo que permite avanzar en la atención social, aseguró.
El fiscal fue cuestionado por los medios de comunicación en torno a los magros avances en materia de procuración de justicia en los delitos de alto impacto, como el feminicidio y homicidio, especialmente de los tres asesinatos en contra de activistas en la ciudad de Cuernavaca.
“Hay líneas sólidas de investigación pero no las podemos revelar por el sigilo de las indagatorias pero muy pronto les daremos a conocer de una importante detención de un sujeto que se desempeñaba como sicario y que puede estar relacionado diversos homicidios dolosos”, se excusó sin dar mayores detalles y tampoco confirmar si está relacionado con los casos de los activistas.
A pesar de ostentarse como una institución de talla internacional, Carmona Gándara admitió que hay deficiencias en la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y Ministerio Público porque la demanda social está convulsionada sobre todo observó, con el tema de la pandemia causada por la covid-19 y el combate a la corrupción.
De nueva cuenta el fiscal aprovechó su encuentro con los medios de comunicación para pedir más recursos para dar resultados, del orden del 25% de incremento, ya que dijo que los 734 millones de pesos anuales que le otorgó la anterior Legislatura resultan insuficientes para la carga de trabajo por lo que adelantó este año hará la petición por mil millones de pesos lo que dijo, “se reflejará de manera inmediata en la atención a delitos cometidos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes”, discurso idéntico que esgrimió el año pasado cuando de manera histórica recibió el mayor recurso económico.
El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, lamentó que el fiscal condicione la entrega de resultados a la falta de recursos cuando dijo, es su obligación esclarecer no solo los crímenes perpetrados contra los activistas sociales sino todos los registrados en la entidad.
El responsable de la política interna del Estado de Morelos hizo el anterior pronunciamiento tras la instalación de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso a la que fue invitado.
El 99.6% de los homicidios dolosos en Morelos no se resuelven nunca por lo que no se puede romper el círculo de impunidad, expresó.
Ojeda Cárdenas exigió el esclarecimiento de los activistas y líderes sociales porque “genera zozobra, sobre todo cuando son voces que denuncian públicamente alguna inconformidad, anomalía o acto de corrupción, se deben tomar medidas para evitar que se dé un mensaje equivocado a la sociedad con el fin de inhibir su activismo”, finalizó.
