Por La activista y feminista Yndira Sandoval Sánchez exigió que la 3 de 3 contra violencia de género qué se aplicó en el proceso electoral sea extensiva a todo aquel que aspire ostentar un cargo público.
Con la diferencia que no sé restringe a quiénes han recibido una sentencia firme sino qué incluye a quiénes han sido denunciados por ser deudores alimenticios, por acoso u hostigamiento o delito de violación.
La fundadora de Las Constituyentes MX fue invitada a la instalación de la comisión de igualdad de género en el congreso de Morelos, donde esgrimió que “en el mismo país se criminaliza a la mujer por su derecho a decidir y en el mismo marco jurídico, una persona que decide no ejercer la paternidad sea deudor de pensión alimenticia, en una de esas llega a ser legislador, gobernador, impartidor de justicia”, fustigó.
Su propuesta es subir el estándar a la ética pública y a la responsabilidad constitucional, para garantizar que no haya un solo agresor, acosador, deudor o violador en el poder, incluyo a los que pertenecen a los organismos autónomos.
Ejemplifico la grave situación que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el tema de acosadores y violadores especialmente entre directivos y catedráticos.
Sandoval Sánchez hizo referencia que la denuncia por violencia es una de las pruebas que pueden aportar se para configurar el delito de feminicidio, y con ese mismo peso se debe evitar que todo aquel que haya sido denunciado, a pesar de que su proceso no esté concluido, debe estar fuera de la función pública.
En este proceso electoral se exigió que para coartar el derecho de los hombres de ser elegibles debería existir una sentencia en firme, pero le recordamos a las autoridades que el 98% de las denuncias por delitos cometidos en contra de las mujeres están impunes por el rezago, inoperancia, omisión o corrupción de las fiscalías y procuradurías, lo que les ha negado el derecho a la justicia a las mujeres, finalizó la activista.
