Una redada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el restaurante Buona Forchetta, uno de los más populares de San Diego, California, ha causado indignación generalizada entre legisladores, defensores de derechos humanos y la comunidad local.
El incidente ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando agentes armados y enmascarados ingresaron al local ubicado en el barrio residencial de South Park, sembrando el pánico entre decenas de comensales.
This is how it’s done!
— Christopher Webb (@cwebbonline) May 31, 2025
FRIDAY: South Park, San Diego, neighbors weren’t having it. When ICE rolled up on an Italian restaurant in unmarked cars and started grabbing workers, the community hit the streets.
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“UN OPERATIVO INACEPTABLE E INNECESARIO”: LEGISLADORES REACCIONAN
El congresista Juan Vargas calificó el operativo como un “grave error” y aseguró que no era el lugar ni el momento adecuado para una acción de ese tipo.
“Irrumpieron armados para detener a un trabajador que limpiaba mesas, simplemente por no tener identificación a la mano”, señaló.

Por su parte, el congresista Scott Peters denunció el uso de tácticas militares para detener a trabajadores sin historial criminal.
“No podemos permitir que ICE actúe como fuerza de choque en restaurantes familiares”, expresó.
El caos aumentó cuando los clientes confrontaron a los agentes, quienes respondieron lanzando granadas de humo para dispersarlos.
Testigos reportaron escenas de pánico y gritos, mientras los comensales intentaban proteger a niños y adultos mayores del humo lacrimógeno.
Buona Forchetta cerró sus puertas temporalmente tras el incidente.
REDADAS SE INTENSIFICAN BAJO POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, operativos del ICE en restaurantes, obras y juzgados se han incrementado como parte de una política migratoria más agresiva.
En la misma línea, el ICE reportó recientemente la detención de casi 1,500 personas en Massachusetts, entre ellos supuestos miembros de bandas y delincuentes, aunque en el caso de San Diego los detenidos fueron empleados sin antecedentes penales.
En medio del endurecimiento migratorio, un juez federal de San Francisco bloqueó temporalmente la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 5 mil venezolanos.
Aunque la Corte Suprema permitió su cancelación, el juez determinó que los beneficiarios con TPS extendido hasta 2026 no son elegibles para la deportación, al menos mientras se resuelve su demanda contra el gobierno.
La comunidad migrante y defensores de derechos humanos exigen frenar estas redadas desproporcionadas y enfocarse en políticas más humanas que no criminalicen el trabajo y la vida cotidiana de millones de personas.