Por El Congreso del Estado de Morelos aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación (Ley PROTEM), que busca garantizar procesos justos, respeto a los derechos del personal docente y evitar condenas anticipadas frente a denuncias sin sustento.
La nueva normativa, respaldada por todos los grupos parlamentarios, fue promovida a solicitud del magisterio morelense y dictaminada por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso.
Presunción de inocencia y procesos con equidad
Durante la presentación del dictamen, la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López destacó que la Ley PROTEM protege a docentes y personal educativo de denuncias maliciosas o sin pruebas, garantizando su derecho a la presunción de inocencia, defensa legal y protección integral.
No obstante, dejó claro que la ley no exime a quienes cometan faltas reales, y en tales casos, deberá aplicarse la ley con toda su fuerza.
La legisladora puntualizó que esta nueva herramienta legislativa no enfrenta a padres de familia con maestros, sino que promueve el respeto mutuo y crea un entorno seguro para aprender y enseñar.
Estructura de la Ley PROTEM
El nuevo ordenamiento legal está dividido en cinco apartados principales:
Capítulo I. Disposiciones Generales: Define los principios rectores como la legalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Capítulo II. Protocolo Estatal: Establece las normas para el tratamiento de quejas administrativas y la restitución del honor de los trabajadores si la denuncia no prospera.
Capítulo III. Quejas Maliciosas: Plantea sanciones ante denuncias dolosas y la posibilidad de intervención del Ministerio Público.
Capítulo IV. Medidas de Protección: Garantiza apoyo psicológico, jurídico y laboral a trabajadores afectados injustamente.
Transitorios: Ordena la emisión del protocolo correspondiente en un plazo de 180 días y la armonización legislativa sin crear nuevas estructuras administrativas.
La diputada agradeció la participación de docentes, autoridades educativas y sindicatos, entre ellos la Sección 19 del SNTE y el Comité Ejecutivo Nacional, que respaldaron el proceso legislativo. Además, reveló que más del 85% de las denuncias administrativas contra el personal docente no concluyen en sanción, pero generan daños laborales y personales irreparables.
