Por La muerte de Baileys, un perrito criollo asesinado a golpes por su dueño, detonó una nueva discusión en el Congreso del Estado de Morelos sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra el maltrato animal.
El caso ha generado una ola de indignación social, en especial por la decisión judicial que permitió al agresor, identificado como Roberto “N”, eludir la cárcel mediante el pago de cuatro bultos de croquetas como sanción.
Iniciativa para castigar con 10 años de prisión el maltrato animal
El coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta Política y de Gobierno, Óscar Daniel Martínez Terrazas, anunció que presentará una iniciativa para aumentar las penas hasta 10 años de prisión para quien maltrate y cause la muerte de un animal.
Dicha propuesta será llevada al Pleno en la sesión del próximo jueves y se buscará que sea aprobada como de urgente y obvia resolución.
“Los animales forman parte de nuestras familias y debemos protegerlos. No podemos permitir sanciones que minimicen estos actos de crueldad”, expresó Martínez Terrazas.
Legisladores piden explicación al Poder Judicial y Fiscalía
Por su parte, la diputada Andrea Gordillo Vega, también del PAN, lamentó la resolución judicial y cuestionó tanto el criterio del juez como la posible omisión del Ministerio Público. Si bien reconoció que se requiere conocer a fondo el expediente, señaló que decisiones como la tomada en este caso “echan por tierra los esfuerzos legislativos” por sancionar con firmeza este tipo de conductas.
Gordillo recordó que el Fiscal General del Estado, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, nombró recientemente a un ministerio público especializado en delitos contra animales, lo que refuerza la expectativa de que estos casos se investiguen con rigor.
Exigen castigos ejemplares ante casos de crueldad El caso Baileys ha sido visibilizado por colectivos animalistas y ciudadanos, quienes han exigido castigos ejemplares y sentencias firmes. Legisladores coincidieron en que es necesario revisar tanto el actuar del Ministerio Público como el del juez, para garantizar que no se repitan decisiones judiciales que minimicen la gravedad del maltrato animal.
