Por Magistrados allegados al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, pretendieron dar “golpe de Estado a Luis Jorge Gamboa Olea, por presunto incumplimiento de mandato y faltas graves.
El punto fue votado a favor por ocho de los 12 magistrados presentes para incluirse en la orden del día.
El acto fue encabezado por la magistrada Martha Sánchez Osorio, cuñada del fiscal –vinculado a proceso por graves omisiones en un feminicidio-, y por el magistrado Francisco Hurtado Delgado, exsecretario técnico de la Fiscalía, quien además llevó un fedatario a la sesión, lo que no pasó inadvertido por el presidente, quien le dio la bienvenida y subrayó como un hecho inédito su presencia.
La sesión, en la que se aprobó la reglamentación para el haber de retiro, e incluía la integración de un magistrado a la Junta de Administración, fue suspendida tras modificarse el orden del día para destituir a Gamboa Olea, quien pidió un receso y salió de la Sala, seguido por las magistradas Carmen Aquino Celis, Elda Flores León y su homólogo Jaime Castera Moreno.
Luego le siguieron el oficial mayor y la secretaria general Juana Morales Vázquez, en medio de los gritos de la magistrada Sánchez Osorio, quien acusó que estaban cometiendo un delito.
Las y los magistrados promoventes de la destitución de su presidente expusieron una lista de las faltas graves, cometidas presuntamente por Gamboa Olea, entre ellos la denuncia que presentó el magistrado en retiro Carlos Iván Arenas Ángeles, quien argumentó que el presidente le solicitó dirigir su voto para no someter a proceso a un presunto delincuente y por lo cual denunció al presidente ante la Fiscalía Anticorrupción, una semana antes de que concluyera oficialmente su periodo como magistrado –el pasado 28 de julio-, cuando el hecho ocurrió hacia finales de abril pasado.
“Resulta inminentemente necesario su separación inmediata de la representación de este Poder Judicial. Lo anterior en virtud de que se atentó en contra de la buena administración de justicia, además de violentar lo reglamentado en el Código de Ética de la institución”, acusó el magistrado Rafael Brito Miranda.
También señaló el incumplimiento para integrar la Sala Segunda, Auxiliar y Sala del Tercer Circuito Judicial, ante el término del periodo de siete magistrados y afirmó que se mintió a la sociedad al afirmar, a través de un comunicado, que “está garantizada la impartición de justicia en el Estado de Morelos”.
Otra causal expuesta fue presuntamente falsear información pública, como se advierte en la circular 13/2023, en la que se afirma haber sido declarado, por acuerdo del Pleno del Tribunal, para cumplir cuatro años en la representación del Poder Judicial, “ cuando solo se tomó conocimiento del decreto número 1230, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha 5 de julio de 2023, por el cual se derogó el párrafo tercero del artículo 89 y se reformó el artículo 94 de la Constitución de Morelos, sin emitirse acuerdo alguno al respecto”, abundó.
Hasta el momento el TSJ no ha emitido ningún informe sobre lo ocurrido.
