Por La comparecencia del fiscal general Uriel Carmona Gándara ante las y los legisladores fue tersa y sin sobresaltos para el funcionario y su personal, a pesar de que a nivel nacional es la fiscalía con peores resultados en materia de procuración de justicia con el 99.6% de denuncias sin resolver.
El dato fue llevado hasta la tribuna del Pleno del Congreso de Morelos por el legislador morenista, Arturo Pérez Flores, lo que causó la molestia de Carmona Gándara al expresar que “respeto mucho a los colectivos y a los observatorios que realizan estas calificaciones, pero la responsabilidad de evaluar mi desempeño es de ustedes, diputados”, a lo que Pérez Flores reviró “no son cifras de la sociedad civil, fiscal, son datos del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2021 elaborado con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sitúa a Morelos como el peor estado a nivel nacional con un nivel de impunidad del 99.6%”.
El legislador también cuestionó al fiscal sobre el destino de 2 mil 900 millones 857 mil 390 pesos que ha ejercido desde febrero de 2018 que llegó al cargo a la fecha, de los cuales el 73% se destina al rubro de servicios personales, es decir, 2 mil 175 millones 533 mil pesos, cantidad, dijo, que nadie sabe con transparencia cómo se gasta por lo que su petición de incrementar en un 25% el presupuesto para 2023, y pasar de 750 millones a mil 13 millones no tiene sentido, porque usted decide cómo gasta ese presupuesto”, puntualizó.
A pesar de que una de las mayores preocupaciones para los y las diputadas era el tema del feminicidio, sus cuestionamientos estribaron sobre las causas del por qué no se investiga bajo los protocolos de feminicidio toda muerte violenta de mujeres registrada en la entidad como lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que más del 80% de los cuerpos de las víctimas se localizan en plena vía pública.
Acorde al Código Penal Federal, esta es una de las causales para ser investigado no sólo de inicio sino que el caso debe judicializarse como tal, sin reclasificarlo a homicidio doloso como reiteradamente lo ha hecho la Fiscalía Especializada en el Combate al Feminicidio que dirige Fabiola García Betanzos, pero dicho cuestionamiento simplemente no se hizo.
Tampoco se le cuestionó al fiscal el raquítico presupuesto otorgado a dicha fiscalía, que este año subió de rango a fiscalía especializada pero cuya creación data desde 2015.
De los mil más de 750mdp que ejerce la Fiscalía este año, sólo se le asignaron 6 millones, y de los mil 13 que pidió para 2023, sólo se le asignarán, en caso de aprobarse el presupuesto, 12mdp a Feminicidios.
El resto de las preguntas de las y los legisladores no tuvieron contundencia, tal fue el caso de la legisladora panista Andrea Gordillo Vega, autoproclamada feminista y defensora de causas juveniles, que a pesar de los 98 feminicidios en el año y las 53 desapariciones de mujeres, en su mayoría adolescentes entre 14 y 17 años de edad cuyas fichas siguen activas, no hizo mención alguna de ello y centró sus “duros” cuestionamientos a temas relacionados a perros y árboles.
