Por Las y los diputados que fueron encontrados culpables de violencia política en razón de género en contra de su homóloga Mirna Zavala Zúñiga, podrían quedar fuera de la próxima contienda electoral.
Las y los legisladores de Morena María Paola Cruz Torres, Alejandro Martínez Bermúdez, Macrina Vallejo Bello y el presidente del Congreso Francisco Erick Sánchez Zavala, del PAN, se encuentran en la disyuntiva de ser inscritos al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por negarle a Zavala Zúñiga la adhesión a la bancada, además de propinarle un trato despectivo y discriminatorio.
Lo anterior fue dado a conocer por la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Marta Elena Mejía, quien explicó que ayer durante la sesión ordinaria, dicha institución aprobó por unanimidad esta medida, que en caso de quedar firme podría inhabilitar a los diputados referidos para el próximo proceso electoral, una vez que se conozca el tiempo que quedarían inscritos en dicho registro y de acuerdo a lo que determine el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la sesión del pasado martes, las magistradas votaron a favor del resolutivo derivado de proceso que interpuso la legisladora ante la negativa de sus homólogos de la bancada de Morena en admitir su adhesión a la misma, a pesar de haber cumplido con los procedimientos en tiempo y forma.
Asimismo invalidó la adhesión del diputado Alberto Sánchez Ortega, por haberse dado fuera del tiempo reglamentario y sin cumplir el debido proceso, y desechó el acuerdo por el cual fue depuesto el diputado Arturo Pérez Flores de la coordinación de ese grupo parlamentario por los mismos diputados denunciados.
El Tribunal ordenó a la presidencia hacer del conocimiento público la adhesión de Zavala Zúñiga en un plazo de 48 horas, las cuales empezaron a correr a partir de esta mañana cuando fueron notificados las y los diputados; realizar de nueva cuenta el proceso de adhesión de Sánchez Ortega y restituir a Pérez Flores en la coordinación debido a que el acuerdo signado en agosto pasado en el cual se estipuló que ostentaría dicho cargo se violentó en la primera quincena de septiembre, por lo que lo hizo válido a partir del 30 de enero pasado hasta el cumplimiento de seis meses posteriores.
También ordenó al congreso integrar de forma paritaria las presidencias, secretarías y vocalías de las 33 comisiones debido a que en su integración, el bloque mayoritario del G15 sólo incluyó a las morenistas Zavala Zúñiga, Ariadna Barrera, Edi Margarita Soriano, y a Erika Hernández de RSP en una sola vocalía y dejó fuera de todas a Pérez Flores.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
En 2020, la ley electoral fue modificada para que las y los responsables de violencia política en razón de género fueran sancionados. En caso de que sea un funcionario público, puede perder su cargo.
En su interior, según la Ley General de Partidos Políticos, los partidos están obligados a “sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género”.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece además medidas cautelares y, cuando ya se resuelva que sí existió violencia política de género, acciones como indemnización de la víctima; restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición.
En cuanto a candidatas y candidatos, por incurrir en violencia política de género, se mencionan como castigos amonestaciones públicas, multas e incluso la pérdida de su candidatura.
A esa violencia se le ha conceptualizado como violencia política por razón de género (VPPG) y reúne tres elementos fundamentales: a) una acción u omisión, b) motivada por el género o que tenga un impacto diferenciado en las mujeres y c) afecta derechos político-electorales.1 Esta a veces se presenta de forma agresiva y clara, por ejemplo, a través de amenazas frontales para dejar un puesto público, pero también se manifiesta de formas sutiles, como cuando se asignan menos recursos económicos y materiales para candidatas a puestos de elección popular que a candidatos hombres.
