Por Integrantes del G15 defendieron “a capa y espada” la aprobación “fast track” y a oscuras –anoche, a puerta cerrada, sin convocatoria y sin transmisión-, del paquete presupuestal enviado por el Ejecutivo el pasado 30 de septiembre, del cual aseguraron se aprobó el 90% de su versión original.
En rueda de prensa, las y los integrantes del bloque abiertamente opositor al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se hicieron presentes (con excepción del priísta Eliasib Polanco Saldívar y la panista Andrea Gordillo Vega) donde hablaron de “incrementos importantes en diversos rubros” como el la Comisión Estatal de Seguridad, que tuvo un incremento del 32.5% y de los casi mil 120 millones que ostentó este 2022 tendrá mil 660 mdp para el próximo año.
En cuánto al campo, el presupuesto se duplicó de 74 a 127 millones; en Educación hubo una mejora de mil 307 millones, cifra similar en Salud que pasó de 3 mil 200 a 4 mil 500 millones. También subrayaron que por primera vez en la historia del presupuesto, el Poder Judicial tendrá la suficiencia presupuestaria -ordenada en realidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en caso de no hacerlo corrían el riesgo de ser destituidos-, y de 549 millones ejercerá 830.
Otro logro que pretendieron atribuirse fue echar abajo el reemplacamiento, cuando el propio Ejecutivo anunció la decisión una semana atrás.
Las y los diputados presentes fueron cuestionados sobre el incremento del 36.5% que otorgaron a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a pesar de los magros resultados que ha dado su titular Uriel Carmona Gándara los últimos cuatro años que ha estado al frente de la institución, al aprobar un presupuesto incluso superior al solicitado (mil 13 millones) pero los legisladores lo “apapacharon” y le otorgaron mil 82 millones de pesos.
Pero los legisladores también se “sirvieron con la cuchara grande” y se otorgaron un 23% más (más de 100mdp) al pasar de 433 a 535 millones bajo la excusa que deben pagar jubilaciones, pensiones, ajustes salariales y el mantenimiento del recinto que a tan solo cuatro años de su edificación, tiene daños estructurales significativos.
A decir de los diputados Francisco Erick Sánchez Zavala y Agustín Alonso Gutiérrez, presidentes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Hacienda, respectivamente, “el Ejecutivo estatal debía incluso agradecer el presupuesto social” que autorizaron bajo las circunstancias descritas, además de advertir que el rubro de la libre transferencia de recursos -que de acuerdo a sus cifras ronda los 700 millones de pesos-, lo desaparecieron.
Al ser cuestionados sobre el tema de obra pública, atribución del Ejecutivo y no del Legislativo, de manera escueta afirmaron que no invadieron esferas políticas, ni facultades del gobierno estatal, pese a sus declaraciones, etiquetaron recursos “para obras importantes en la materia”.
También celebraron por todo lo alto el incremento de participaciones federales del 2% a los municipios, dinero que se repartirá de manera equitativa, dijeron.
Tampoco esclarecieron de dónde obtuvieron alrededor de 100 millones de pesos adicionales para los montos aprobados, debido a que la propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba 34 mil 116 mdp y el aprobado fue de más de 34 mil 212 millones.
La paciencia se perdió cuando de manera intempestiva el personal del Congreso intentó coartar la labor periodística y concluir la conferencia con los medios. Ello debido a que este día, el gobernador adelantó que ejercerá su derecho al veto además de señalar la benevolencia con que trataron “a sus amigos”, declaración que no gustó al presidente del Congreso.
