Por El Congreso del Estado de Morelos aprobó por unanimidad una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública que entrará en vigor con el inicio del gobierno de Margarita González Saravia el 1 de octubre de 2024.
La reforma, aprobada con 20 votos a favor, incluye la creación de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, un organismo descentralizado que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
NUEVA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La nueva Ley Orgánica sustituye a la anterior normativa de 2018 y establece las bases institucionales para la organización y funcionamiento del gobierno estatal.
Esta ley reorganiza la administración pública, abarcando desde la Secretaría de Gobierno hasta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Entre las reformas aprobadas, destacan cambios en áreas clave como el Sistema de Seguridad Pública; de Planeación; de Participación Ciudadana; de las Personas Adolescentes y Jóvenes; de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres; todas para el Estado de Morelos.
Cabe mencionar que la puesta en marcha de esta ley no implica ningún impacto presupuestal.
CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Como parte de esta modernización administrativa, se creó la Coordinación General de Movilidad y Transporte, cuyo objetivo será asegurar un sistema de movilidad eficiente y seguro.
Esta nueva entidad, que dependerá de la Secretaría de Gobierno, se encargará de planear, organizar y supervisar el transporte público y privado en Morelos.
La Coordinación tendrá la facultad de otorgar, suspender o revocar permisos de transporte, vigilando el cumplimiento de las normativas vigentes.
Además, será responsable de implementar políticas públicas que garanticen la seguridad vial y la sostenibilidad en la movilidad urbana.
La reforma aprobada a unos días de la toma de protesta de la Gobernadora electa Margarita González Saravia, establece principios clave que guiarán la actuación de los funcionarios públicos, tales como legalidad, transparencia y austeridad.
