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Las acusaciones en contra de Uriel Carmona Gándara, de no contar con los exámenes de Control de confianza cuando fue ungido como fiscal, en febrero de 2018, podrían alcanzar a diversos funcionarios a quienes nombró con las mismas anomalías.
Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, explicó en rueda de prensa que acorde a la declaratoria de procedencia publicada en la Gaceta Parlamentaria, las denuncias en su contra por Ejercicio ilícito del servicio público y Contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluye los nombramientos como agentes del Ministerio Público del fiscal Anticorrupción Juan Jesús “N”; Héctor David “N”, fiscal Regional de la zona Sur poniente; José Alejandro “N”, fiscal Regional de la zona oriente; Zaira Janet “N”, fiscal especial en Desaparición forzada de personas; Norma Angélica, fiscal especializada en Representación para grupos vulnerables y asistencia social y de Angélica Danae “N”, secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General del estado de Morelos, sin que estuvieran certificados ni registrados en términos de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dicha conducta, acorde al Ministerio Publico Federal, encuadra en el tipo penal sancionado por el artículo 139, fracción IV y último párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “con dos a ocho años de prisión y de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley”.
Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, la inhabilitaci6n por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.
