Por En pleno aniversario del feminicidio de la legisladora local Gabriela Marín Sánchez, el controvertido fiscal Uriel Carmona Gándara comparecerá ante las y los diputados.
Sin embargo, el crimen cometido contra la funcionaria, impune hasta el momento, no está comprendido en la rendición de cuentas que hará el funcionario, tampoco otros homicidios como el perpetrado a inicios de 2019 contra el líder social y activista Samir Flores Soberanes, también sin resolver.
A decir de la legisladora de RSP, Erika Hernández Gordillo, el informe fue enviado al Poder Legislativo mes y medio atrás, justo cuando Carmona Gándara fue detenido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México.
“Lo que tuvimos oportunidad de revisar no viene nada de estos dos casos en particular, son números, estadísticas y el tema financiero, en qué se gastó la Fiscalía más de mil millones que se le autorizaron el año pasado”, explicó.
El 5 de octubre del año pasado, Marín Sánchez fue asesinada a balazos al salir de una farmacia ubicada sobre avenida Poder Legislativo, al norte de Cuernavaca.
En la escena, el propio fiscal afirmó que el crimen era de índole política, sin embargo no ha resuelto el caso, a pesar de los “enérgicos” reclamos de las y los legisladores.
Durante los cinco años que lleva en el cargo, de los nueve que marca su gestión, Carmona Gándara no ha dado cuenta alguna del mal estado en el que entregan los cuerpos de las víctimas que estuvieron en el Servicio Médico Forense, como se evidenció en el caso de una Persona Privada de la Libertad (PPL) en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) número 16, que se suicidó en 2020, y cuyo caso derivó desde el año pasado en una recomendación del Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“La FGE Morelos incurrió en diversas irregularidades como la omisión de investigar los hechos con perspectiva de género; entregar el cuerpo de la persona fallecida en estado de descomposición por el mal funcionamiento del equipo de refrigeración – vulnerando así la debida diligencia y el derecho de las víctimas a ser tratadas con dignidad-; no desarrollar acciones para descartar posibles actos de maltrato físico y psicológico ni solicitar la designación de un familiar para proporcionar información sobre las indagatorias”, dicta parte del comunicado de la institución federal.
En el mismo sentido se manifestaron tanto familiares como personal de la FCDMX, en el caso de Ariadna Fernanda, cuyas deficiencias en las indagatorias llevaron al fiscal hasta el reclusorio de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México.
Los resultados de ambas dependencias son diametralmente opuestos, pero fue la fiscalía capitalina la que dio a conocer el mal estado del cuerpo, a lo que de manera escueta su homóloga en el estado de Morelos responsabilizó a las incidencias del viaje.
