Por La presidente de la Junta Política del Congreso Morelos, Macrina Vallejo Bello, admitió presiones “propias” del trabajo y desinformación sobre el tema de la reforma en torno a la destitución del o la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) a la hora de votar.
La también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, declaró lo anterior en un intento por justificar sus acciones ayer durante la sesión ordinaria en la que se aprobó “fast track” la reforma a la ley orgánica del Congreso para sentar las bases que permitan, a discreción, destruir a quien presida la ESAF.
En un primer momento, la diputada se abstuvo de votar, sin embargo una vez que sus compañeros de curul y del llamado G15 le hicieron la consabida “bolita”, sin explicación alguna cambió de parecer -al igual que su homóloga Marguis del Rayo-, pero la legisladora no pudo esclarecer las causas del por qué rompió en llanto al momento de su re-votación y salió bañada en lágrimas del Pleno.
En lugar de ello, responsabilizó a sus asesores “por una mala comunicación e información”, tampoco fijó postura del porqué la Comisión Reguladora se conforma sólo de coordinares de Grupo y excluyó a los titulares de las fracciones Parlamentarias, con lo que, con sólo una acusación -cual si se tratara de la santa inquisición-, en contra del o la titular de la Auditoría sea separada del cargo de manera provisional e inmediata, cambios que sí alcanzarían a la actual auditora general América López Rodríguez.
La acción fue tomada como una vendetta política por el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, “es una venganza política de dos personajes, Agustín Alonso Gutiérrez y Francisco Sánchez Zavala, a quienes el coraje y la soberbia les gana porque no les han salido sus cosas; nunca se quisieron sentar para revisar el paquete económico y bajo el argumento de que le inyectaron más dinero a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad y al Poder Judicial para hacer frente a sus responsabilidades se olvidaron de los municipios en los que no gobiernan sus familiares o sus allegados”, como Cuernavaca, Yecapixtla y Yautepec.
Con antelación, el secretario de Gobierno Samuel Sotelo Salgado entreveró que con dicha resolución, el Poder Ejecutivo y las demás sujetos de obligaciones de transparencia serán prácticamente rehenes del Poder Legislativo.
La estrategia del G15 inició con la imposición de un Consejo de Vigilancia encabezado por allegados a los diputados aludidos, en junio pasado, que se consolidó en la figura de Uriel González Sotelo, anterior encargado de despacho de la Auditoría en 2018 y que la anterior Legislatura destituyó para nombrar en su lugar a América.
La excusa para dicho Consejo fue, a decir del presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso, que López Rodríguez se negaba a ser revisada en su actuar. Sin embargo, la afectada declaró que la intención es cambiar el sentido del dictamen resultante de las auditorías a los municipios de Yautepec, Yecapixtla, Tetecala, Xochitepec y hasta Huitzilac, en las cuentas públicas de 2019, cuando los actuales diputados eran alcaldes y alcaldesa, o bien eran parte del gabinete de algún municipio.
La siguiente estocada fue a principios de noviembre pasado, cuando cambiaron a todos los auditores y directores -allegados a quienes encabezan el G15-. La reforma tiene dedicatoria para López Rodríguez a quien desde el inicio de la actual Legislatura Alonso Gutiérrez ha desacreditado e impulsado acciones no sólo para destituirla sino encarcelarla.
A los dos días de haber ocupado sus nuevas plazas en la Entidad, tanto auditores como directores denunciaron a su jefa ante la Fiscalía Anticorrupción, a quien pretende imputarle los delitos de ejercicio ilícito, peculado y ejercicio abusivo de la función pública, cargos que ameritan la prisión preventiva.
Hasta la mañana de este jueves, ni López Rodríguez, ni los diputados “del otro bando”, habían sido notificados de alguna acción para destituir a la aún titular de la ESAF, de acuerdo a lo expuesto por la diputada Mirna Zavala Zúñiga.
