Por La Fiscalía General de la República (FGR) investiga presuntos actos de tortura en contra del implicado en el triple homicidio registrado a mediados del presente mes en el municipio de Huitzilac.
El presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, dio a conocer lo anterior tras la audiencia de vinculación a proceso de Luis Alberto “El Diablo”, de 22 años, por los delitos de feminicidio y homicidio calificado de Noemí Guadalupe Arias Sosa, y de los hermanos Luis Enrique y Luis Javier García Díaz, respectivamente, trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Las deficiencias en las indagatorias por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) llevaron a la juez de la causa a la no vinculación a proceso debido a la falta de elementos probatorios.
Durante la audiencia, a decir del magistrado presidente, el imputado acusó que fue víctima de presuntos actos de tortura; en tanto la defensa alegó además que la declaración de su defendido se hizo violentando el debido proceso al no notificarle que estaba en calidad de sospechoso por el caso referido.
El magistrado presidente reveló que tanto él como dos jueces relacionados en el caso han sido amenazados de muerte, por lo que les fue implementado el protocolo de seguridad federal.
También adelantó que la fiscalía solicitó una nueva orden de aprehensión por los mismos delitos y adicionó el del robo.
Debido al cuestionado actuar de la institución autónoma, diversas voces se pronunciaron por la salida de su titular, Uriel Carmona Gándara.
El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, exigió a las y los legisladores locales -responsables de verificar el actuar del titular de la Fiscalía y su personal-, la remoción de dicho funcionario, “no sólo por las anomalías registradas en este caso, sino por las inconsistencias y deficiencias con las que ha manejado a la fiscalía desde su llegada en febrero de 2018”, asestó.
En contraste, la fiscalía anunció que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a la juez de la causa, Alejandra Trejo Reséndiz, por nulificar el cateo en el que se encontraron las pertenencias de las víctimas, al tiempo de refutar la presunta violación a derechos humanos como de acceso a la justicia que se le imputa.
A través de un boletín de prensa, afirmó que “la juez de la causa no juzgó con perspectiva de género; alegó además que la defensa oficial no presentó ningún medio de prueba para desvirtuar la imputación formulada por la Fiscalía de Feminicidios; tampoco advirtió ilegalidad alguna sobre la obtención de los cateos (sic), excediendo sus atribuciones y aplicando un criterio erróneo para favorecer al imputado”.
