Por “Tristemente vemos una Comisión de Búsqueda y una Fiscalía Especializada en Desaparecidos inútiles, sin estructura, a las que no se les apuesta políticamente y están muy por debajo de la problemática que enfrenta este estado en materia de personas desaparecidas”, acusó Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de la Red de Enlaces Nacionales y coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas.
El activista hizo los señalamientos anteriores durante la reunión pública sostenida ayer en el Congreso del estado con diputados, autoridades del Gobierno del estado e integrantes de diversos colectivos de víctimas.
“Queremos solicitarles como legisladores que creen una Comisión y una Fiscalía verdaderamente congruentes con el problema que se tiene, ambas resultan insuficientes”, fustigó.
Trujillo Herrera instó a las autoridades presentes a que realicen un verdadero compromiso para la localización de personas desaparecidas.
De lo contrario advirtió no sé resolverá el problema de raíz con dependencias inútiles y funcionarios que sólo simulan.
Lo anterior fue aprovechado por el fiscal general Uriel Carmona quién de nueva cuenta exigió un presupuesto mayor, que alcance los mil millones de pesos, para dar resultados pese a qué su presupuesto se duplicó en los últimos dos años sin abatir el 96% de impunidad en los casos que ha judicializado desde su llegada en 2018.
“Recién presentamos al Congreso al estado una solicitud de incremento presupuestal para la dependencia, donde se detalla qué es lo que nos falta en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas que fundamos en 2019, pero nos faltan policías, tecnología, agentes del Ministerio Público, computadoras; necesitamos que esta Legislatura revise los requerimientos que tenemos las instituciones hermanas -la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especializada-, para dar resultados”, condicionó.
Carmona Gándara dijo que el caso más antiguo registrado en la fiscalía data de 1988 y a la fecha en Morelos hay 3 mil 552 personas desaparecidas.
Sin embargo las fichas activas emitidas por la dependencia no superan las mil 500, por lo que presumiblemente el resto correspondería a personas que podrían ser víctimas de delitos de alto impacto cómo homicidio, feminicidio, secuestro o alguna modalidad de trata, por lo que dichas cédulas no fueron difundidas.
