Por El diputado Eliasib Polanco Saldívar, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó durante la sesión ordinaria del pasado jueves la iniciativa para crear el Fondo de Bienestar para los Morelenses, sin que se dieran a conocer las directrices de la misma.
A la vieja usanza del partido que representa, expuso ante el Pleno del Congreso del Estado dos iniciativas de Ley. La primera para adicionar un artículo, el 15, a la Ley General de Coordinación Hacendaria del Estado; la segunda para crear el Organismo Público Autónomo denominado Fondo de Bienestar para los Morelenses del Estado de Morelos.
El Fondo estará administrado y dirigido por cinco consejeros, designados por los coordinadores de los Grupos y Fracciones Parlamentarias, es decir, por la Junta Política, y no por los 20 legisladores, en el entendido de que dichos consejeros durarán en su cargo cinco años con posibilidad de reelegirse por un periodo igual.
En su esencia, el proyecto pretende acercar a los morelenses las ayudas económicas y sociales para enfrentar la crisis derivada de la pandemia causada por el virus de la Covid-19.
Sin embargo, la opacidad prevalece en esta intentona desde su presentación al Pleno, debido a que ésta sólo fue leída en su titular por el presidente de la Mesa Directiva Francisco Sánchez Zavala, sin dar detalles de la misma y que a los medios de comunicación se les “aclaró” que no fue considerada como presentada debido a que su promovente no subió a Tribuna para su exposición.
Pese a ello, Polanco Saldívar solicitó que ambas iniciativas deben ser discutidas “fast track” en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda el próximo lunes para que de ellas emanen los dictámenes y sean presentados al Peno para su votación. De manera extraoficial, al menos 15 de los 20 diputados votarán a favor de éstos.
Con ello, los consejeros podrán celebrar convenios con instituciones privadas para la consecución de los fines de dicho fondo, desconocidos al momento, que se antoja tendrán “manga ancha” para realizar libres contrataciones con instituciones privadas “amigas” para brindar los apoyos a los más necesitados, es decir, sin regulación o norma alguna que permita transparentar esas contrataciones, los consejeros podrán decidir a discreción a las instituciones que les ayudarán a brindar los supuestos apoyos económicos.
La iniciativa contempla el 5% de los recursos provenientes de las participaciones federales, similar a lo establecido para el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios, (FAEDE) sólo que éste último se integra con el 2.5%.
