El diputado Arturo Pérez Flores no descartó una jugarreta por parte del bloque mayoritario del Congreso de Morelos -conocido como el G15-, para mantener bajo su dominio la Junta Política y de gobierno.
“No sería raro que tergiversen la ley porque a eso están acostumbrados, pero eso no nos quita el sueño, mi trabajo finalmente es en favor de las y los morelenses”, señaló Pérez Flores.
Acorde a la ley, en agosto deben definirse las coordinaciones de los grupos parlamentarios y adhesiones a fracciones o grupos, en caso de haberlas, las cuales se dan a conocer durante la sesión solemne que marca el inicio de los periodos ordinarios.
En septiembre pasado, durante la sesión de inicio de trabajos, se dio a conocer que el coordinador del GPMorena era Arturo Pérez Flores y que el expriísta Alberto Sánchez Ortega transitaría como diputado independiente.
Dos semanas después, los morenistas Alejandro Martínez Bermúdez, María Paola Cruz Torres y Macrina Vallejo Bello, boicoteaban su propia elección al permitir la adhesión ilegal de Sánchez Ortega a dicho grupo, deponer a Pérez Flores y sin convocar al resto de la bancada -Edi Margarita Soriano Barrera, Ariadna Barrera Vázquez y al propio Arturo Pérez-, decidieron (los cuatro) elegir a Vallejo Bello como su nueva coordinadora, treta que echó por tierra el Tribunal local electoral.
La ley también señala que las mayores posiciones de poder en el Congreso local -presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta Política-, corresponden a los grupos parlamentarios con el mayor número de integrantes, que en esta Legislatura corresponden a Morena y Acción Nacional; actualmente la presidencia del Congreso la ostenta Francisco Sánchez Zavala emanado del PAN y en consecuencia la Junta es de Morena.
A pesar del resolutivo del tribunal electoral, las y los integrantes del G15 aseguran que no es de facto qué Pérez Flores deba asumir la coordinación y presidencia; algunos aseguran que Morena debe repetir su proceso, situación que no ha sido esclarecida si debe o no ser de esta manera, en tanto el lunes próximo se vence el plazo legal de tres días hábiles -luego de ser notificados- para realizar el cambio en la presidencia de la Junta.