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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) enfrenta la cancelación de las concesiones incluidas en la Licitación No. IFT-12.
Este proceso buscaba asignar más de 2,200 bloques de espectro radioeléctrico en diversas bandas de frecuencia, una medida que ha sido señalada como irregular por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Pepe Merino explicó que la licitación se realizó sin apegarse a las normativas adecuadas, lo que motivó una acción conjunta con la Consejería Jurídica de la Presidencia para revertir estas asignaciones.
UN “ALBAZO” PREVIO A LA REFORMA
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la licitación como un intento apresurado o “albazo” por parte del IFT. La mandataria enfatizó que el espectro radioeléctrico es un recurso nacional que no puede ser concesionado sin un proceso claro y regulado.
Sheinbaum destacó que esta situación se da en el contexto de la extinción del IFT, tras la aprobación de reformas sobre la desaparición de órganos autónomos.
Pepe Merino confirmó que la postura del gobierno federal es detener estas concesiones. Según sus declaraciones, en un plazo de dos semanas se frenará el proceso, para reiniciarlo con una estructura regulatoria bajo un órgano desconcentrado.
“La presidenta ya fijó su posición: esto se tiene que frenar. Hay una estrategia con la Consejería Jurídica para garantizar que este proceso quede detenido en el corto plazo”, señaló.
EXTINCIÓN DEL IFT: LO QUE SIGUE
Claudia Sheinbaum reiteró que la desaparición del IFT está en marcha y que, mientras tanto, las licitaciones cuestionadas no procederán.
“El espectro radioeléctrico es del Estado. No podemos permitir que se licite sin un proceso claro y justo. Están muy molestos porque saben que esto no va a pasar”, concluyó.
🟡 ¿QUÉ ES EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO? El espectro radioeléctrico es un recurso natural utilizado para transmitir señales de radio, televisión, telefonía móvil e internet, entre otros servicios. Su administración está a cargo del gobierno, ya que su asignación y uso impactan directamente en la conectividad y las telecomunicaciones del país.
Con esta decisión, el gobierno busca garantizar que este recurso sea utilizado en beneficio del desarrollo tecnológico y la cobertura nacional, evitando procesos opacos o apresurados.
