Por El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos hizo “mutis” e ignoró cualquier cuestionamiento de la prensa en torno a una presunta orden de aprehensión en su contra.
Las y los integrantes del bloque mayoritario en el Congreso (G15) cerraron filas en torno al controvertido diputado Alejandro Martínez Bermúdez, sobre quien pesan diversas acusaciones, una de ellas ante la Fiscalía Anticorrupción por el cobro de “moches” a trabajadores de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) además de señalamientos públicos por presuntos delitos de alto impacto, de los cuales se desconoce si hay alguna denuncia en su contra.
En voz del presidente del Poder Legislativo, Francisco Eric Sánchez Zavala, el G15 exigió a medios de comunicación y a la sociedad en general, cese los presuntos ataques en contra de Martínez Bermúdez debido a que, a su entender, se ha fraguado una campaña de desprestigio en su contra desde perfiles y páginas de medios de comunicación apócrifos a través de los cuales se han hecho diversos señalamientos.
Sin embargo, al ser cuestionados por los medios de comunicación en torno a la existencia de la orden de aprehensión contra el coordinador de la bancada de Morena, la causa de la misma, y la presunción de un amparo, tanto el señalado como el bloque guardaron silencio.
“Estamos aquí para fijar un posicionamiento, no para contestar preguntas de la prensa”, se limitó a responder Sánchez Zavala, a pesar de que la invitación para medios señalaba que dicho pronunciamiento se realizaría en una rueda de prensa, dos horas antes de la hora en que se realizó el espaldarazo al legislador morenista.
Sin permitir ningún otro cuestionamiento, las y los legisladores salieron del salón de Comisiones, momento en que fue abordado de nueva cuenta Martínez Bermúdez a quien se le cuestionó sobre el desechamiento de diversas solicitudes de juicio político a lo que, sin siquiera detenerse con las y los reporteros, respondió, “acabamos de hacer un posicionamiento sobre ello”, aludiendo a la defensa a ultranza a su favor sin responder el porqué de las omisiones del órgano que él dirige desde varios meses atrás, que redundaron en impunidad para las y los funcionarios a quienes se les pretendía imputar responsabilidades a través de dicho recurso legal.
