Por La inminente designación de las 10 magistraturas en el Congreso de Morelos ha desatado una ola de denuncias por la presunta venta de las máximas posiciones de poder en el Tribunal Superior de Justicia, lo que derivó en la indagatoria de oficio por parte de la Fiscalía anticorrupción.
El pasado lunes, la Asociación de agentes y exagentes del Ministerio Público “encendió la mecha” al denunciar públicamente lo que durante semanas ha sido un secreto voces, la presunta venta por 5 millones de pesos de dichos espacios, lo que fue secundado por 14 organizaciones, de las más reconocidas en la entidad, de las y los profesionales en diversas áreas del Derecho.
Lo dicho, en voz del presidente de la asociación Omar Alexander López Ortiz, no cayó en “oídos sordos”; la diputada de RSP, Erika Hernández Gordillo, conminó a las y los abogados a presentar las denuncias correspondientes, en tanto su homólogo Arturo Pérez Flores pidió al resto de sus compañeros detener el proceso y reponerlo (es decir, realizar de nueva cuenta las 250 entrevistas a las y los aspirantes) pero con transmisión en directo de las mismas y la publicación de las “credenciales” que respalden sus aspiraciones para dicho cargo, “lejos de pago de favores políticos y de dudas razonables que pongan en entredicho su designación”, expresó el morenista.
Para darle (más) sabor al caldo, se “filtró” una lista donde las y los integrantes del bloque mayoritario del Congreso (G15) apadrinan a su ahijado, y nombres como el de Miguel Lucia Espejo, incondicional de Rabindranath Salazar, está ligado al de su otra aliada en el Legislativo, Paola Cruz. Roberto Soto Castor, asesor del diputado Agustín Alonso, se liga presuntamente a la esposa de Roberto Yáñez, Marguis del Rayo; el de la esposa del fiscal Uriel Carmona, María Luisa Sánchez Osorio, al propio presidente del Congreso Francisco Sánchez Zavala y como “cereza del pastel”, el denunciado en la fiscalía Anticorrupción por cobrar moches a trabajadores para mantener su trabajo, Alejandro Martínez, “apadrinaría”, presuntamente, al mismísimo Juan Salazar Núñez, quien por mera coincidencia, es (o era) el titular de dicha institución.
Y ya que hablamos de anticorrupción, su titular (o encargado de despacho) Edgar Rodolfo Núñez Urquiza también puso atención a lo dicho por López Ortiz e inició una denuncia, “derivado del escrito (de denuncia de los abogados, mismo que también fue depositado en el Congreso del estado) se citará a los representantes de las organizaciones para que entreguen a esta Fiscalía una copia de la denuncia leída ante los medios de comunicación, sin embargo, bajo la denuncia pública y bajo los principios de legalidad, esta Fiscalía abrió la carpeta respectiva”.
En tanto la designación se ha aplazado ya dos semanas, pero de acuerdo a “radiopasillo” este jueves próximo podrían darse las tres primeras (de 10 que están en juego) que corresponderían a las nuevas Salas en el municipio de Cuautla, si las y los diputados se ponen de acuerdo en la votación… o en la repartición.
