Por La comisión de reciente creación en el Congreso de Morelos -en la que presuntamente se aborda el flagelo del feminicidio-, es inoperante, deficiente y cara, además de opaca.
Así lo expresó la vocera de la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos, Paloma Estrada Muñoz, al entregar el llamado Informe sombra de la Alerta de Violencia de Género en el estado, en su octavo aniversario.
Para la activista, “la comisión no tiene definidos objetivos, alcances ni metodología y opera en total opacidad; solicitamos el informe que las y los diputados así como los integrantes prometieron presentarían antes de finalizar el año pasado, y que no hicieron, no tuvimos respuesta favorable por lo que en abril pasado solicitamos un informe de sus actividades y alcances lo que tampoco nos fue entregado”, acusó.
La Comisión Legislativa Especial para el seguimiento de casos de Feminicidio en el Estado de Morelos se creó, a instancias del bloque mayoritario en el Congreso (G15) tras el escándalo en el que se vio involucrado el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara en el caso de la joven Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio en la Ciudad de México cuyo cuerpo fue abandonado en la Pera-Cuautla, y que acorde a los “peritos especializados” de la Fiscalía General del Estado de Morelos, murió por broncoaspiración derivado de una congestión alcohólica mortal y no encontraron lesión alguna para considerar que la joven fue privada de la vida de manera violenta, versión que refutaro tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como la General de la República.
Dicha comisión está integrada por Alberto Sánchez Ortega, Julio César Solís Serrano, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, María Paola Cruz Torres, Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, Agustín Alonso Gutiérrez, con el aval de la comisión de Derechos Humanos, todos afines al fiscal Carmona Gándara.
Durante el anuncio oficial, se dio a conocer que solo se abordarían tres casos de feminicidio, de los más de 700 que se han registrado en la entidad desde que se decretó la alerta en agosto de 2015.
Uno de ellos el de la joven Ariadna Fernanda por el cual Carmona Gándara está vinculado a proceso por el retraso en la acción de la justicia y recluido en la Ciudad de México; el segundo caso, del que tendrían que excusarse las y los propios legisladores, es el del asesinato de su homóloga Gabriela Marín, sin resolverse hasta el momento y el tercer caso es uno resuelto al menos un lustro atrás relacionado con el feminicidio de una menor de sólo 5 años de edad.
La comisión cuesta mensualmente más de 60 mil pesos en honorarios entre asesorías de personal presuntamente especializado tanto en medicina legista como en derecho penal e incluida una activista.
