Por Este miércoles, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la investigación en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por supuestas omisiones en el manejo de la pandemia de COVID-19, que pudieron provocar la muerte de personas.
El despacho de abogados Coello Trejo, que lleva el caso, destacó que la Fiscalía ha intentado cerrar el caso en contra del funcionario federal en dos ocasiones, sin agotar las investigaciones.
Sin embargo, el pasado 22 de marzo un juez federal revocó el acto de no ejercicio de la acción penal, argumentando que se deben analizar todas las decisiones tomadas por el funcionario y su impacto en la salud de los mexicanos.
¿Por qué inició la investigación en contra de López-Gatell?
A finales de 2020, el ciudadano Felipe del Carmen Jiménez Pérez falleció por COVID-19, y sus familiares decidieron interponer una denuncia en contra de López-Gatell y otros funcionarios por su presunta “falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de la función pública”, en relación a su papel como servidores públicos responsables de atender la pandemia.
En un principio, la Fiscalía argumentó que el subsecretario López-Gatell ordenó diversas acciones, que incluso se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, como limitar actividades administrativas y clases en línea para evitar las aglomeraciones y con ello los contagios de COVID-19.
Pero el juez señaló argumentó que las actividades económicas, como el transporte público, en el que trabajaba Felipe Jiménez, no se interrumpieron y López-Gatell tampoco ordenó adoptar medidas de protección como si hicieron en otros países.
“No podemos pasar por alto que no se advirtió que se hayan cerrado puntos de ingreso al territorio mexicano, es decir, la situación de los vuelos internacionales no se cerró. Tampoco se advierte que las personas que venían de otros lugares se les exigiera alguna vacuna o estar previamente inmunizados para no traer el virus a territorio mexicano”, señala el acuerdo del juez.
Los abogados también destacaron que el gobierno mexicano no hizo un estudio para saber si el cubrebocas era útil para evitar la propagación de los contagios ni obligó a que se usara.
“Esos aspectos tienen que ser investigados por los expertos conducentes. Son circunstancias que tiene que investigar la representación social”, ordenó el juzgador.
