Por Luego de 13 días de parálisis institucional y 25 recesos consecutivos, 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ Morelos) decidieron este lunes por la noche informar al Congreso local su imposibilidad de avanzar en la sucesión presidencial del Poder Judicial, debido a la ausencia reiterada de ocho de sus homólogos.
En una sesión que fue reprogramada una vez más para las 17:00 horas, y que se retomaría 20 minutos después en espera de que los magistrados faltistas acudieran al Pleno, los presentes determinaron que la falta de quórum impide tomar cualquier decisión y acordaron decretar un receso permanente hasta que el Congreso de Morelos emita una postura oficial.
Crisis al interior del TSJ Morelos
La crisis en el TSJ Morelos se remonta al pasado 20 de mayo, cuando entró en vigor el decreto constitucional 165, que removió de su cargo a Luis Jorge Gamboa Olea como presidente del Poder Judicial. A partir de entonces, los magistrados han intentado, sin éxito, designar a su sucesor.
El problema radica en la división interna del tribunal, con dos bloques antagónicos de 11 integrantes cada uno. Esta polarización ha hecho inviable cualquier acuerdo, y ha puesto en evidencia las lagunas legales del decreto, que no previó mecanismos claros para resolver un empate o la inasistencia sistemática de una de las partes.
Un tribunal convertido en “telenovela”
La sesión de este lunes, una más en la serie de episodios que medios locales han calificado como una “telenovela judicial“, mantuvo la expectativa de que finalmente se alcanzaría el mínimo de 14 magistrados presentes. Sin embargo, los ausentes continuaron sin presentarse.
En consecuencia, y como medida de presión institucional, los magistrados asistentes aprobaron dar aviso formal al Congreso del Estado, con el objetivo de que este poder intervenga ante el bloqueo operativo que afecta la administración de justicia en la entidad.
La acción, aunque revestida de legalidad, también fue leída como una forma de endosar la responsabilidad política al Legislativo, que desde la aprobación del decreto ha mantenido una postura distante.
