“Hasta el momento sólo tenemos 12 de los 14 votos que se requieren para la destitución del fiscal general, Uriel Carmona Gándara“, declaró el diputado de Morena, Isaac Pimentel Mejía.
Tras 39 días de haber tomado protesta en el cargo, finalmente les fue entregado el informe que a su vez hizo llegar el fiscal general a las y los diputados de la anterior legislatura, sin que tuviera cuestionamiento alguno o siquiera fuera llamado a comparecer como se establece en la ley de manera semestral.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre los votos requeridos para la posible remoción de su cargo, Pimentel Mejía admitió que sólo cuentan con los votos de las y los legisladores de Morena y los dos de sus aliados, el Verde y Nueva Alianza.
Carmona Gándara lleva un años sin rendir cuentas al Poder Legislativo debido a que la anterior Legislatura lo citó a comparecer el 5 de octubre de 2023, cuando se cumplió un año del feminicidio de su homóloga Gabriela Marín Sánchez, crimen que hasta la fecha sigue impune, y sin que se haya cumplido con la rendición de cuentas desde entonces.
A mediados de abril debió realizarse la siguiente comparecencia, pero las y los diputados privilegiaron sus intereses políticos y personales debido a que se encontraban, la mayoría de éstos, en campañas electorales para buscar otro cargo.
Hacia mediados de agosto, Carmona Gándara envió el 13 informe de actividades semestrales acompañado de la leyenda “estoy a su completa disposición para comparecer ante el Pleno del Congreso del estado, en la fecha y hora que se señale para tales efectos, en cumplimiento al mandato constitucional del suscrito”, a sabiendas que en los próximos 15 días que le restaban a la LV legislatura dicho llamado no se realizaría.
A pesar de los sendos señalamientos en contra del actuar del fiscal general, como mantener a la institución en el penúltimo lugar a nivel nacional en procuración de justicia especialmente en los delitos de feminicidio y homicidio, las bancadas del PAN, PRI, MC y PT mantienen la defensa a ultranza del controvertido funcionario, acusado además, entre otras cosas, de presuntamente encubrir un feminicidio.