“El 90 por ciento de las multas derivadas del programa del alcoholímetro son anuladas por sendas deficiencias en el llenado de las mismas”, expuso el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Guillermo Arroyo Cruz.
Ante el reciente anuncio hecho por la responsable de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) Alicia Vázquez Luna, para retomar dicho programa, el magistrado fue cuestionado sobre el argumento legal para evadir el monto de las multas.
“Cada ayuntamiento puede implementar los programas que así considere, máxime este que pretende inhibir el consumo inmoderado de alcohol y la combinación con el volante; el problema es que el 90 por ciento de las multas que se recurren son a favor de la ciudadanía porque no se argumentan debidamente”, subrayó.
De acuerdo a los últimos datos, la o el ciudadano que era multado por este programa, debía gastar entre 15 y 25 mil pesos entre multa, arrastre, corralón y otros conceptos; éste fue suspendido en septiembre pasado debido a la temporada de lluvias y será retomado en los días venideros al haber concluido la misma.