Por El Ejecutivo del Estado presentó a una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de que sea esta instancia la que resuelva en torno a cuál de los dos grupos internos de diputados tiene la razón sobre la integración de las comisiones y de la Junta Política.
El secretario de Gobierno Pablo Héctor Ojeda Cárdenas acudió este día al recinto legislativo, a nombre del mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo, para atestiguar el inicio de actividades del Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año de la LV Legislatura.
Al término de la sesión solemne, el funcionario estatal fue abordado sobre el tema y explicó que “El ejecutivo es el primer interesado en que se resuelvan las disputas internas del Congreso, como parte del proceso legislativo; es una necesidad que se tenga certeza jurídica para conocer a la contraparte”.
Ojeda Cárdenas confió en que el resolutivo dé luz en el conflicto, ante las declaraciones particulares y oficiales de ambas partes de asegurar que siguen al frente de la Junta y de las Comisiones, por un lado, afirmaciones que el bando contrario ha desacreditado en reiteradas ocasiones.
Ello con el fin de que el trabajo realizado se haga conforme a derecho y con legalidad para que, recalcó, en un futuro próximo no sea un argumento jurídico para echar abajo acuerdos o iniciativas, además, dijo, es un tema de respeto de derechos políticos.
En diciembre pasado, las bancadas del PAN, PRI, PNAL y MC, destituyeron a la morenista María Paola Cruz Torres de la presidencia de la Junta Política, además de dejar sin la titularidad e integración de comisiones a los demás integrantes del Grupo Parlamentario y sus afines PES Morelos, RSP Y PT, por lo que la Legislatura se fraccionó en dos bandos reconocidos como el G11 y G8, respectivamente
A mediados del presente mes, durante la sesión de apertura de la Diputación Permanente, el G8 mayoriteó a los opositores y dejaron sin efecto el primer acuerdo además de clausurar la diputación, pero en otro acto sorpresivo, el pasado sábado se convocó a la clausura de la diputación por parte del G11, que preside la Mesa Directiva, con los suplentes, y anuló el acuerdo referido. Ambas partes aseguraron entonces que “la acción del otro bando fue la ilegal pero las de su bloque se realizaron bajo el marco de la ley”.
Dicha situación, señaló Ojeda Cárdenas, sólo generó incertidumbre por lo que se pidió la intervención de la Corte para alcanzar la certeza jurídica, finalizó.
