LOS PENDIENTES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN MORELOS

LOS PENDIENTES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN MORELOS

El Instituto de la Mujer Morelos no ha actualizado datos sobre violencia de género, afectando la transparencia en casos de feminicidio y agresiones contra mujeres.

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) fue creado en 2002 como organismo descentralizado del Gobierno del Estado y en agosto de 2018 se transformó por decreto constitucional en el organismo público autónomo, el primero en México en su tipo.

En la presentación oficial de dicho organismo, se aseguró que el Instituto lograría una política de continuidad. Entre otras múltiples responsabilidades, debe promover ante las autoridades competentes la realización de acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer.

Una de esas acciones es, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, difundir información pública en torno a las violencias que se cometen en contra de las mujeres para la implementación de políticas públicas.

De acuerdo a las responsabilidades de dicho organismo, el IMM debe mantener actualizado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim) con el objetivo de tener un registro de casos, con un expediente electrónico único para las mujeres víctimas de violencia, salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas.

A pesar de que en reiteradas ocasiones la titular del IMM, Guadalupe Isela Chávez Cardozo, ha sido cuestionada sobre la publicación estadística de dichos datos, que contiene datos sobre agresores (hombres, mujeres, sexo no especificado) número de órdenes de protección y servicios otorgados, la servidora pública es renuente para dar a conocer dicha información bajo la excusa de que contiene datos sensibles.

Sin embargo, al menos una decena de instituciones homólogas a la que preside (entre las que se encuentran Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, CDMX, Puebla, Chiapas y Oaxaca) si cuentan con catálogos en línea para su consulta, tanto de otras autoridades como de la ciudadanía en general.

Pero su oposición a publicitar su trabajo en torno al tema, se contrapone con lo publicado por el propio Gobierno Federal a través de https://banavim.segob.gob.mx/banavim/informacion_publica/informacion_publica.aspx

Dicha plataforma digital contiene un mapa interactivo del país, incluido Morelos, donde se exponen los tipos de violencias perpetrados contra las mujeres.

Derivado de dichas agresiones, se han otorgado 20 mil 631 órdenes de protección y se han otorgado 237 mil 777 servicios. También expone el tipo de violencia que padecen las mujeres, siendo la preponderante la psicológica, en el 80 por ciento de los casos, seguida de violencia física, económica, sexual, patrimonial y de otra índole.

Pero la información tiene sendas lagunas, no expone la temporalidad, por lo que se desconoce si dicha base está actualizada, carece de fuente, no detalla la violencia por municipios ni es específica en torno a la forma de violencia. A pesar de las deficiencias, esta plataforma es la única forma de consulta.

Pero no es la única anomalía. En septiembre de 2021, cuando Flor Dessiré León Hernández era la titular del instituto, tanto el organismo como la Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvieron el segundo lugar a nivel nacional por la “Plataforma Pública de Datos de Feminicidio”, distintivo otorgado por la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública.

La finalidad era la creación, y uso, “de una herramienta transparente que visibilizara las acciones del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), su implementación e impacto con lo que se contribuye al ejercicio de la rendición de cuentas, transparencia, proactiva y gobernanza”, de acuerdo a la información oficial de entonces.

Sin embargo, la realidad dista de ser lo que este instituto afirma en su plataforma oficial

El pasado 6 de marzo, la doctora Diana Gabriela Pinzón Ortiz, secretaria técnica de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso de Morelos, durante su intervención en el Parlamento de Mujeres 2025, hizo notar (frente a Chávez Cardoso) que la plataforma de datos de feminicidios en el estado de Morelos -que debe contener el trabajo interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y el IMM-, lleva cuatro años sin ser alimentada, lo cual puede ser constatado en https://datafeminicidiosmor.org/consulta, cuyos datos que van desde el año 2000 hasta 2021, se dejó de alimentar sin explicación de por medio, y que, a partir del presente día dejó de estar accesible al público.

Si bien los datos contenidos tampoco eran precisos, al carecer de fecha y forma de privar de la vida a las víctimas, datos prioritarios para un diagnóstico, a la fecha es imposible contrastar la información ante la ausencia de la misma.

Otra historia distinta se presenta en la página oficial de la Fiscalía Morelos en el apartado sobre feminicidios en Morelos https://fiscaliamorelos.gob.mx/feminicidio/, donde se muestran datos estadísticos, fichas de búsquedas de feminicidas, un mapa interactivo e incluso un apartado sobre los diferentes tipos de violencia existentes, así como los servicios brindados en diferentes áreas.

Hasta el momento no hay información oficial que expliquen las causales de por qué ambas instituciones dejaron de trabajar en conjunto, y por qué el Instituto de la Mujer Morelos ha sido omiso, máxime cuando se realizó la presentación de dicha plataforma se expuso que era una herramienta de carácter público para acceder a datos relacionados al feminicidio en Morelos, y con la que diversas instituciones podrían analizar y desarrollar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

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