En una sesión llena de tensiones y protestas, el Senado de la República aprobó por 85 votos a favor y 41 en contra la iniciativa de “supremacía constitucional”.
La propuesta, impulsada por Morena, establece que reformas o adiciones a la Constitución Política no podrán ser impugnadas mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad, lo que generó fuertes críticas y acusaciones de la oposición.
PROTESTAS DE LA OPOSICIÓN Y TOMA DE TRIBUNA
Durante la sesión, legisladores de Acción Nacional (PAN) protestaron en la tribuna, usando megáfonos y pancartas con frases como “No a la dictadura en México” y “Morena es la dictadura de México”.
Los senadores de Morena respondieron con carteles que mostraban los logotipos del PRI y del PAN, y la frase “La oposición moralmente derrotada”, intensificando la disputa en el recinto.
En su participación, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, dijo que “se debe conservar el Estado de derecho que hay en México, porque es la columna vertebral que nos permite vivir en un país de instituciones”.
Por su parte senador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la propuesta como un intento de centralizar el poder y limitar los recursos legales con los que los ciudadanos podrían defenderse de posibles abusos de las autoridades.
En su participación, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió la iniciativa señalando que no busca suprimir el control constitucional, sino que busca impedir que los recursos de revisión sean utilizados para “dañar al pueblo”.
En tan solo 7 minutos, transcurrió la presentación de reservas presentadas por senadores del PAN, y del PRI, pero no fueron aceptadas por la asamblea.
RESPALDO A LA REFORMA EN EL SENADO
La propuesta, firmada por los líderes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, junto con los presidentes de ambas mesas directivas, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, fue aprobada en fast track y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión.
Al tratarse de una reforma constitucional, si recibe el visto bueno de la Cámara de Diputados, será turnada a los Congresos locales, donde deberá contar con la ratificación de al menos 17 de las 32 legislaturas locales para ser implementada.