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La ciudad de Los Ángeles vivió una jornada de tensión desde el pasado viernes 6 de junio tras una serie de redadas migratorias ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que resultaron en la detención de al menos 44 personas, entre ellas 42 mexicanos.
Las acciones provocaron una ola de indignación en la comunidad migrante y organizaciones civiles, derivando en protestas masivas frente al centro federal de detención ubicado en el centro de la ciudad.
Más de mil personas se congregaron para condenar lo que calificaron como operativos “crueles e innecesarios”.
Entre los detenidos figura David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en California, quien resultó herido mientras documentaba los hechos.
Las protestas escalaron en el distrito de la moda, donde ICE usó gas pimienta y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.
TRUMP ORDENÓ DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL
En respuesta a las manifestaciones, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional.
Una acción que avivó la polémica, ya que fue ejecutada sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. Este calificó la medida como “una provocación deliberada”.
Trump defendió su decisión en su plataforma Truth Social, donde describió a Los Ángeles como “una ciudad invadida por inmigrantes ilegales y criminales” y justificó el uso de la fuerza como necesario ante una supuesta “rebelión contra la autoridad del gobierno”.
Trump invocó una disposición federal rara vez utilizada del Código de las Fuerzas Armadas de EE.UU. que permite al presidente asumir el control de la Guardia Nacional en caso de invasión, rebelión o imposibilidad de ejecutar las leyes con fuerzas regulares.
Es la primera vez desde 1965 que se activa esta cláusula sin acuerdo con el gobernador. En 1992, durante los disturbios tras el caso Rodney King, el presidente Bush actuó solo tras la solicitud del entonces gobernador Pete Wilson.
MÉXICO RESPONDE: APOYO LEGAL Y CONDENA A LA VIOLENCIA
Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió a las autoridades estadounidenses respeto al debido proceso y a la dignidad de los migrantes.
También, condenó los actos violentos registrados durante las protestas, como la quema de patrullas, y llamó a la comunidad mexicana a manifestarse de manera pacífica.
El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que el gobierno mexicano ya ha contactado a los familiares de los 42 mexicanos detenidos y que los consulados están ofreciendo asistencia legal.
▶️ En la #MañaneraDelPueblo con la presidenta @Claudiashein, el canciller Juan Ramón de la Fuente reforzó la apertura de México a preferir el diálogo y las acciones pacíficas, pero con una exigencia contundente sobre la defensa de nuestras y nuestros connacionales:
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2025
"La inmensa… pic.twitter.com/oNlF1N1BBH
Cuatro connacionales ya fueron deportados, mientras que el resto permanece bajo revisión caso por caso.
Las protestas siguen marcadas por un ambiente de temor e incertidumbre. Organizaciones como CHIRLA han advertido sobre el impacto emocional en las familias trabajadoras.
Mientras tanto, el gobierno mexicano aseguró que agotará las vías diplomáticas y legales para proteger a sus connacionales.
“La mayoría de nuestros connacionales son gente trabajadora y buena”, afirmó De la Fuente, al insistir en que no se aceptará ninguna forma de subordinación, pero sí diálogo, cooperación y defensa jurídica firme.
