La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la culpabilidad o inocencia del diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado de agresión sexual, debe ser determinada por la fiscalía y los jueces.
Durante una conferencia del jueves 13 de febrero, Sheinbaum señaló que, más allá del debate sobre leyes o figuras públicas, el proceso judicial debe seguir su curso con base en pruebas y la legalidad.
“Si una persona es acusada de un delito, corresponde a las fiscalías recabar pruebas y a los jueces tomar una decisión”, declaró.
Apregunta expresa de un reportero, la mandataria dijo que se tiene que avanzar en la procuración de justicia y en el propio Poder Judicial.
“Siempre hay un asunto subjetivo, obviamente. Siempre habrá un asunto objetivo, pero se busca, en el máximo posible, que las pruebas sean lo más objetivas posibles para poder determinar, en un caso así, si es culpable o no”, aseguró la mandataria federal.
CÁMARA DE DIPUTADOS REVISARÁ SOLICITUD DE DESAFUERO

Por su parte, el presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, confirmó que el próximo miércoles 19 de febrero se revisará la solicitud de desafuero presentada contra Cuauhtémoc Blanco, en el marco de la denuncia por abuso sexual interpuesta por su media hermana.
La Sección Instructora evaluará si hay suficientes elementos para proceder con el retiro de su fuero legislativo y permitir que enfrente el proceso sin inmunidad.
CUAUHTÉMOC BLANCO PROPONE INICIATIVA CONTRA FALSAS ACUSACIONES
A la par de su defensa legal, Cuauhtémoc Blanco anunció que presentaría una iniciativa de ley para proteger a los hombres de acusaciones falsas de violación, argumentando que su caso es una injusticia.
Hoy, en sesión de @Mx_Diputados, se presentaron diversas iniciativas clave para seguir trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. ¡Comprometidos con el desarrollo y la justicia para nuestro país! 🇲🇽 #DiputadoFederal #LegislandoPorMéxico pic.twitter.com/W0VDcjLF8g
— Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) February 12, 2025
Esta propuesta surge apenas días después de que la Fiscalía de Morelos solicitara su desafuero, lo que ha generado debate sobre el impacto de la medida en casos de violencia de género.