Por La falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones plasmadas en la Alerta de Violencia de Género (AVG), y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es lo que fomenta la incidencia en los feminicidios, acusó José Luis Urióstegui Salgado, candidato en común a la alcaldía Cuernavaca PAN-PSD.
Lamentó que desde una década atrás, diversos grupos de la sociedad civil organizada fueran quienes levantaran la voz en contra de la violencia hacia las mujeres, y no las autoridades quienes trabajaran en consecuencia para evitar la proliferación de ataques en contra del género, varios de ellos privativos de la vida de las mujeres.
Desde hace 10 años, se pronunciaron por la existencia de la alerta y una vez decretada se ha incumplido desde el gobierno federal, estatal y los municipales, expresó; el delito persiste hoy en Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, estas ciudades que conllevan el mayor crecimiento poblacional en el estado y por ende el número de delitos también aumenta, detalló.
Estimó que además de hacer adecuaciones a la ley, con políticas públicas enfocadas al accionar de los elementos policíacos, actividades deportivas, culturales, oportunidades de trabajo y mejoras educativas como salariales, se debe obligar al cumplimiento del marco jurídico existente.
Desde el ámbito administrativo, prosiguió, es más difícil pero debe ponderarse el trabajo coordinado con las demás áreas y los otros órdenes de gobierno. Hace falta voluntad política porque si, como hemos escuchado de algunos alcaldes que deben dar cumplimiento a esta medida emergente, estiman que la ley no los obliga o no es su responsabilidad te quedas cruzado de brazos, por lo que instó a la sociedad y autoridades a la suma de esfuerzos para lograr que la violencia intrafamiliar, en vía pública, disminuyan hasta su erradicación.
Urióstegui Salgado señaló que en su campaña se reunió con diversos grupos feministas y defensores de derechos humanos, quienes le manifestaron que su principal preocupación es la omisión de las autoridades, “su exigencia, su anhelo, es lograr que haya autoridades que les escuchen y se comprometen a llevar a cabo las acciones que ya están establecidas en la AVG, y se sumen al esfuerzo que individual o colectivamente desde la iniciativa privada realizan”, comentó.
En días pasados, el aspirante a edil firmó un compromiso con la organización “Alas abiertas” para combatir el delito de trata en todas sus modalidades. Cuestionado sobre el número de víctimas en la capital morelense, adujo que no existen datos oficiales ante la falta de denuncias, por complicidad u omisión de las autoridades o porque el delito está “camuflado”, con víctimas que tiene cierta libertad pero que bajo la amenaza de causarles daños a ellas o sus familias, son obligadas a trabajos forzados o sexuales en negocios considerados como giros negros.
Sobre el tema, Urióstegui Salado adelantó que de ser el próximo alcalde de Cuernavaca, realizará una revisión exhaustiva a este tipo de locales. “Los derechos adquiridos de los propietarios inciden, en ocasiones, para que puedan seguir funcionando con total impunidad, pero también hay que saber que leyes se aplican”, dijo al tiempo que recordó que no sólo por el delito de trata, violación o corrupción de menores puede intervenir la autoridad, también deben realizarse operativos en materia de salud, ambiental, protección civil, seguridad, a fin de evitar que las víctimas que son explotadas en este tipo de lugares sean puestas en libertad y los responsables enfrenten la acción de la justicia.
En Morelos, la AVG fue decretada el 10 de agosto de 2015. Desde entonces a la fecha se han registrado 500 feminicidios de los cuales solo el 5% a tenido una condena contra el o los responsables. Cuernavaca ocupa el primer lugar en incidencia con 102 casos, seguido de Temixco y Jiutepec con 46 cada uno.
