Por El abogado Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, anunció este jueves su renuncia a la asesoría legal del caso.
El jurista explicó que su decisión obedece a motivos de salud y familiares, aunque señaló que continuará su labor en la defensa de los derechos humanos “desde otras trincheras”, con especial atención a comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, lamentó que aún no se haya resuelto el punto central de la investigación: conocer el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales podría llegar a la SCJN
Ha trascendido que Vidulfo Rosales podría integrarse como asesor de Hugo Aguilar, quien en junio pasado fue electo como el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular y que asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, el abogado declaró que “aún no hay nada firme” sobre esa posibilidad.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, del que Rosales era integrante, confirmó la separación del abogado y que llegará a la Suprema Corte.
Él (Vidulfo) recibió la invitación de parte de Hugo Aguilar, aprovechando que hizo una visita al estado de Guerrero, ahí ya habló con él, lo invitó y le hizo la propuesta de que que sea parte de su equipo (…) Obviamente le pidió que su decisión fuera lo más pronto posible (…) el 15 de agosto formalmente terminó su ciclo en Tlachinollan”, contó Barrera al medio Expansión Política.
Caso Ayotzinapa: 11 años de incertidumbre
Los 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” habían viajado a Iguala, Guerrero con la intención de tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México y participar en una manifestación, cuando fueron víctimas de desaparición forzada.
El caso de Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, involucra a figuras políticas, policías, grupos del crimen organizado y presuntamente a mandos militares. Se trata de una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México, lo que generó una ola de indignación internacional que continúa vigente casi once años después de los hechos.
