Por En medio de una crisis institucional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Congreso de Morelos alista la designación directa de un presidente interino del Poder Judicial, en un proceso que legisladores justifican como “necesario” pero que ha sido ampliamente señalado como una intromisión y violación al marco legal vigente.
La decisión fue tomada por la Junta Política y de Gobierno del Congreso estatal y será presentada para su aprobación en la sesión ordinaria de este jueves 05 de junio. La figura que asumiría el cargo es Juan Emilio Elizalde Figueroa, decano del Tribunal, quien obtuvo 18 votos de los 22 diputados presentes, tras múltiples intentos fallidos del propio Poder Judicial para nombrar a su sucesor.
Violación al decreto 165
La designación de Elizalde contraviene lo establecido en el decreto 165, emitido por el mismo Congreso, el cual establece que quien coordine los trabajos de sucesión no podrá ser reconocido como presidente del Poder Judicial. Sin embargo, los coordinadores de bancada Daniel Martínez Terrazas (PAN) y Rafael Reyes Reyes (Morena) defendieron la medida como un “acuerdo mayoritario” ante la inoperancia judicial.
Además, Elizalde enfrenta un juicio como deudor alimentario, lo que lo inhabilitaría de acuerdo con la Ley “Tres de Tres” para ocupar cualquier cargo público.
Su posible nombramiento se da a pesar de este antecedente y de que su periodo como magistrado concluye en julio de 2026, lo que excedería los límites legales establecidos.
Congreso de Morelos interviene ante parálisis judicial
La crisis se originó tras la negativa del grupo de magistrados liderados por Luis Jorge Gamboa Olea a participar en la sesión solemne permanente de sucesión. De 25 reanudaciones, sólo acudieron a cinco, lo que imposibilitó la elección de un nuevo presidente mediante los mecanismos internos del Poder Judicial.
Ante esta parálisis, y bajo presión de un bloque mayoritario conformado en gran parte por magistrados nombrados en la pasada legislatura y vinculados con exfuncionarios de la Fiscalía, el Congreso de Morelos optó por intervenir de manera directa, lo que ha sido calificado por analistas y juristas como un “dedazo vil”.
A pesar de las irregularidades, los diputados avanzarán con el acuerdo en la sesión ordinaria del Congreso. Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que esta decisión podría derivar en una ola de amparos, impugnaciones y un conflicto legal de fondo sobre la legalidad del interinato.
