A siete días de la deflagración en la colonia Las Granjas, que dejó personas con graves quemaduras y viviendas afectadas, las consecuencias del accidente continúan golpeando a las familias que ahora enfrentan gastos médicos, traslados, alimentación y hospedaje.
Eduardo Núñez Morales, representante legal de nueve víctimas, cuestionó que hasta este momento la Fiscalía General del Estado no les haya permitido conocer la carpeta de investigación ni les haya informado sobre avances concretos para esclarecer lo ocurrido.
El abogado señaló que existe comunicación con autoridades estatales y reconoció que se han realizado algunas gestiones para apoyar a los afectados, aunque consideró que la asistencia no ha sido suficiente frente a las necesidades de quienes permanecen hospitalizados.
La situación es particularmente complicada para los familiares que permanecen en hospitales de distintos puntos de la entidad, pues algunos ya agotaron sus recursos para pagar alojamiento y alimentación mientras esperan la evolución de los pacientes.
Ante la falta de certezas, la defensa analiza acudir ante un juez de control para solicitar un auxilio judicial o providencias precautorias que permitan proteger los intereses de los afectados y garantizar que la empresa responsable del vehículo involucrado responda económicamente por los daños.
Mientras las investigaciones avanzan —sin información pública clara hasta ahora—, las familias siguen esperando respuestas y, sobre todo, una reparación que les permita enfrentar las consecuencias de una tragedia que cambió sus vidas en cuestión de minutos.

