Por La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliando el catálogo de delitos que serán acreedores a prisión preventiva oficiosa.
Con 26 votos a favor por parte de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, y 14 en contra de PAN, PRI, PRD y MC, se dio luz verde a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta reforma establece que delitos como extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, entre otros, ameritarán prisión preventiva oficiosa. Además, se incluyeron delitos graves como abuso sexual contra menores, feminicidio y delincuencia organizada.
LA OPOSICIÓN EN SAN LÁZARO VA CONTRA LA REFORMA
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, se pronunció en contra de esta reforma, argumentando que la prisión preventiva oficiosa es una violación a los derechos humanos y que no hay evidencia de que su expansión mejore la seguridad en el país.
Especialistas también advierten que esta medida podría ser utilizada para fabricar culpables en lugar de fortalecer los procesos de investigación.
¿QUÉ DICEN LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES?
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las diversas iniciativas de reformas constitucionales y legislativas que buscaban ampliar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva en México, convirtiéndola en una forma de pena anticipada.
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado mexicano reformar su normatividad para eliminar y modificar, respectivamente, dos formas de detención: el arraigo y la prisión preventiva.
