Por Jueves 05 de octubre; el reloj marcó las 14:00 horas y la expectativa por la llegada del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, al recinto legislativo fue en aumento.
Un enjambre de reporteros aguardaba afuera del Salón de Comisiones para obtener una declaración del controvertido funcionario; sin embargo, fiel a su política de desprecio hacia los medios locales -sin importar que entre ellos hubiera corresponsales y enviados de medios nacionales-, el fiscal no dio declaración alguna y tuvo que ser escoltado por el propio personal del Congreso para abrirse paso hasta el Salón de Plenos.
Ahí fue recibido con besos y abrazos por parte de las y los integrantes del bloque mayoritario conocido como el G15, incluso se paseó entre las curules para que ninguno de sus adeptos quedara sin dar el gesto de amabilidad.
El fiscal ocupó su lugar y se difundió un video con el personal a su cargo en acción; cuando tomó la voz, Carmona Gándara tardó otros 30 minutos en detallar en qué se ha gastado los más de mil millones de pesos que el Congreso le autorizó para este año.
Luego vinieron las preguntas tibias, a modo, sin sorpresas; ni siquiera el primer aniversario del artero asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez despertó el verdadero interés de las y los legisladores, quienes abandonaron la comparecencia pocos minutos después de que ésta inició o bien ni siquiera se presentaron, como en el caso la bancada de Morena, con excepción de Arturo Pérez Flores y de Mirna Zavala Zúñiga.
El primero en cuestionar al fiscal fue el panista Óscar Cano, quien observó que el número de denuncias no coincidía con el número de carpetas judicializadas, lo que de manera tramposa explicó el fiscal sin dar porcentajes o números claros; esgrimió que gran parte de las denuncias no eran del índole penal, se resolvieron por otra vía como la justicia administrativa, no se les dio seguimiento y por ende, de las 30 mil denuncias solo 2 mil 500 se judicializaron.
Tampoco esclareció qué estado guardan ni por qué delitos, o en cuántas de éstas hay personas detenidas, procesadas o enjuiciadas.La primera en cuestionar y referirse al feminicidio de Gabriela Marín fue Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
A la par de qué tomó la palabra, entre el respetable se suscitó una confrontación entre un grupo de feministas y la juez en retiro Aída Hernández, quien subió al tercer piso, arrancó y rompió las cartulinas.
Ante los cuestionamientos de la prensa, afirmó que exigir la salida del fiscal, “es un acto cobarde porque cuando se ha pisoteado la soberanía de este estado no se ha dicho ni media palabra”, sin importarle que ella misma coartó el derecho a la libre manifestación.
El presidente del Congreso, Francisco Erick Sánchez Zavala llamó al orden por lo que la confrontación se disolvió. Erika Hernández Gordillo, Arturo Pérez, Andrea Gordillo Vega, Julio César Solís Serrano y Agustín Alonso Gutiérrez también cuestionaron al fiscal sobre el caso de su compañera.
“Han pasado 365 días y yo le pregunto fiscal, hasta cuándo, porque no puede venir de nueva cuenta y decirnos lo mismo”, espetó la panista Andrea Gordillo.
Sin inmutarse, Carmona Gándara se escudó bajo la secrecía de las indagatorias y repitió la frase trillada “este crimen no quedará impune”, al tiempo de asegurar que ningún feminicidio tendría que politizarse, sin reparar que justamente él fue quien declaró que la muerte de Marín Sánchez se trató de cuestiones políticas en la propia escena del crimen, un año atrás.
Pero fue Pérez Flores quien reclamó que no sólo el feminicidio de su compañera sigue impune, “usted recibió la fiscalía a inicios de 2018 con un 94% de impunidad en materia de delitos como el homicidio y feminicidio; más de cinco años después y casi 5 mil millones ejercidos, contando los recursos federales, no sólo no mejoró, empeoró la situación de la Fiscalía al subir del 94 al 98 por ciento de impunidad”; a pesar de que el semblante del fiscal fue en todo momento adusto y demacrado, retomó el estilo de salir por la tangente y justificó su inoperancia a viles números al culpar a las estadísticas y no a las deficiencias con las que él y su personal ejercen sus cargos.
Los legisladores afines a Carmona Gándara también retomaron el reparto de culpas, tanto al comisionado estatal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros y al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por no dar resultados en materia de la prevención del delito, sin que conste en ningún artículo de ninguna ley, constitución o código penal que la falta de resultados del fiscal en turno esté justificada a dicho argumento.
En cuanto a los procesos judiciales que enfrentan Carmona Gándara, se dijo un perseguido político y afirmó que limpiará su nombre de todo señalamiento; en cuanto al exhorto que le hizo Pérez Flores de dimitir al cargo para atender sus problemas con la ley respondió, “el sistema constitucional, el sistema jurídico que nos rige, me permite válidamente seguir en el cargo y enfrentar estos procesos, no tengo pensado renunciar ni separarme del cargo”, recalcó.
Carmona Gándara se fue como llegó, sin dar la cara a los medios locales ni nacionales, y ayudado por el propio presidente del Congreso, se le cerró el paso a la prensa para que pudiera marcharse sin contratiempos y evitar cualquier cuestionamiento incómodo.
