Por La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Alejandro Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegi, empresa que tiene en su propiedad a Santos y Atlas, por una supuesta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.
De acuerdo con la información presentada por el diario Reforma, Autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una denuncia contra el empresario debido a que, presuntamente, omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los salarios de los jugadores del Club Santos Laguna, durante el período de enero a julio de 2017.
El pasado 5 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó la notificación al club de futbol las irregularidades observadas que se derivaron de la revisión realizada a su contabilidad, en la cual se detectó la posible omisión de impuestos.
La PFF llevó a cabo una investigación el año pasado sobre un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos que el club de futbol realizó a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico. Entre ellos se encuentran directivos como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, así como los jugadores Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco y Julio César Furch.
Las autoridades de Hacienda plantearon la idea de que los directivos habrían planeado una estrategia para evitar la retención y el pago ISR en esos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales están legalmente exentas de dicho impuesto.
Además, utilizaron un “contrato colectivo” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para realizar los pagos.
Santos Laguna ha defendido su postura ante las autoridades de no haber pagado más de 17 millones de pesos por concepto de ISR a los salarios, argumentando que la ley no obliga a cubrir esa contribución en pagos de primas indemnizatorias.
Es importante destacar que, en la actualidad, la defraudación fiscal no implica automáticamente una pena de cárcel.
